Estos datos se desprenden del Índice Inmobiliario fotocasa.es actualizado con información correspondiente al mes de octubre y realizado sobre la base de más de 280.000 inmuebles de segunda mano en venta en el portal inmobiliario líder en España.
El Índice Inmobiliario fotocasa.es constata una moderación progresiva del precio de la vivienda en España. Según se desprende de este informe, en el mes de octubre el precio medio de la vivienda se sitúa en 2.887 euros por metro cuadrado, cifra que representa un descenso del 0,3% respecto del mes anterior. Estos datos constatan un descenso sostenido de los precios durante los últimos dos meses, hecho que se produce por primera vez en todo el periodo estudiado, que arranca en enero de 2005.
Esta tendencia resulta similar si se analizan los últimos doce meses, periodo en el cual el precio medio de la vivienda ha experimentado un leve aumento del 1,2% respecto del mismo mes del año 2006, cuando se situaba en 2. 853 €/m2.
Las capitales más caras
Las cinco capitales de provincia con el precio medio de la vivienda más elevado en el mes de octubre son San Sebastián (5.329 €/m2), Barcelona (5.146 €/m2), Madrid (4.414 €/m2), Bilbao (4.410 €/m2) y Pamplona (3.573 €/m2). Por su parte, las que tienen los precios más bajos son Huelva (2.063 €/m2), Lleida (2.161 €/m2), Alicante (2.183 €/m2), León (2.193 €/m2) y Murcia (2.284 €/m2).
Incrementos trimestrales
Las provincias que experimentan un mayor incremento trimestral son Cuenca (6,0%), Albacete (4,4%) y Álava (3,4%); mientras que las de mayor descenso son Huesca (-6,4%), Cádiz (-5,5%) y Valladolid (-4,25%).
Las capitales en las que el precio de los inmuebles ha crecido más en los últimos tres meses son A Coruña (1,9%), Lleida (1,3%) y Santander (0,7%), mientras que las donde más decrece es en Murcia (-5,5%), Valladolid (-4,5%) y Jaén (-4,5%).
Precios por municipios
Si se analiza la evolución del precio medio de la vivienda por municipios, de los 171 municipios estudiados en el Índice Inmobiliario fotocasa.es durante este mes de octubre, se constata una reducción del precio de la vivienda en 102 de ellos.
En cuanto a los municipios más caros de España, encabeza la lista la localidad catalana de Sitges, con un precio medio de la vivienda de segunda mano de 5.363 €/m2, seguido de San Sebastián con 5.329 €/m2 y Sant Cugat del Vallès con 5.326 €/m2.
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El decano presidente del Colegio de Registradores de España, Eugenio Rodríguez Cepeda, afirmó que los últimos avances de actividad de las delegaciones registrales apuntan a que ‘empieza a haber descensos en la titulación de viviendas en los grandes núcleos poblacionales del interior peninsular, concretamente en Madrid, y en el corredor de Levante’.
Además, la continuidad de esta tendencia es previsible, según Rodríguez, ya que ‘España tiene una pirámide de población muy concreta que ya no absorbe las actuales cifras de construcción en condiciones normales’.
Así, el decano presidente de los registradores puso de manifiesto durante un almuerzo informativo que el descenso de la tasa de natalidad durante los años 80 y 90 supondrá a partir de ahora ‘un bajón que se tiene que notar necesariamente en la compra de primeras viviendas’.
Además, en su opinión, este descenso de la demanda no se verá compensado con la compra de vivienda por parte de la población inmigrante asentada en España, mientras que, además, la inversión extranjera en inmuebles con fines turísticos ‘va a tocar techo’. ‘Este mercado está, si no agotado, minimizado’, apuntó.
En este sentido, Rodríguez afirmó que ‘el año 2006 ha marcado la cota más alta de vivienda construida’, por lo que, aseguró, en 2007 no se volverá a batir el récord de construcción alcanzado el pasado año, con más de 883.000 viviendas construidas.
Respecto al mercado del alquiler, Rodríguez explicó que la tradicional tendencia de los ciudadanos a optar por la compra se debe a una legislación que ha venido siendo desde el régimen franquista ‘hiperprotectora del arrendatario’.
Asimismo, declaró que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en vigor desde 1994, no ha sido objeto de modificación pese a que ‘no da los resultado apetecidos’. ‘?Por qué?. Por la ejecución’, añadió.
Según aseguró Rodríguez, los propietarios son reacios a alquilar las viviendas por la falta de garantías en el ámbito privado ante situaciones de impago o deterioro de sus inmuebles. Por ello, se mostró esperanzado en que las agencias públicas de alquiler puedan cubrir esta carencia ya que ‘pueden dar la entrada a muchas viviendas en el mercado del alquiler y fomentar una cultura del alquiler a precios más bajos’.
Por otro lado, Rodríguez afirmó que el último proyecto de Ley Hipotecaria, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo, ‘no motivará la contratación de hipotecas a tipo fijo’, que actualmente suponen alrededor del 5% del total. Además, señaló que el proyecto de ley toca la legislación vigente ‘en pocos extremos’, por lo que el Gobierno ‘insiste en más de los mismo’.
Así, aseguró que, por una parte, los bancos se mostrarán reacios a ofrecer hipotecas a tipo fijo por cuanto ‘amarran a ambas partes’, y, por otro lado, las cuotas a satisfacer por los ciudadanos seguirán siendo más elevadas que en las hipotecas a tipo variable.
Respecto a la Ley de Suelo, los registradores esperan ‘poco o nada, ya que nace mutilada por la distribución competencial de España’.
No obstante, Rodríguez afirmó que ‘el urbanismo se hace de manera muy fragmentada’ en España debido a las competencias exclusivas de los ayuntamientos en esta materia. Este reparto competencial da lugar, asegura, a ‘situaciones grotescas’ como la de algunos ayuntamientos de pueblos sólo habitados en verano que, pese a todo, se reúnen una vez por semana y ‘hacen urbanismo’.
Además, la Ley de Suelo ‘puede dar de sí muy poco’ en materia de valoraciones, ya que ‘parte de una premisa equivocada’, que es la valoración de las fincas por el rendimiento económico derivado de su situación de cultivo.
Así, Rodríguez aseguró que hay muchos terrenos próximos a las ciudades que no se cultivan y, en este sentido adelantó que, en los procesos de expropiación, ‘los tribunales buscarán un resquicio para aplicar los valores de los terrenos más aproximados a los reales’.
Por último, Rodríguez reconoció que las estadísticas de los precios de la propiedad del Colegio de Registradores no son fiables por cuanto ‘trabajan con valores declarados, y nadie pone la mano en el fuego de que coincidan con el real’. Sin embargo, aseguró que los datos relativos al volumen de hipotecas contratadas ‘son datos reales, no encuestas’.
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Un descenso en la promoción de viviendas de unas 100.000 unidades, que supondría una caída de alrededor del 15% respecto al actual ritmo de producción, se traduciría en un recorte de empleo ‘superior’ a 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Así lo advirtió ayer Enrique Aldama, presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, quien descartó problemas a lo largo de este ejercicio, aunque pronosticó que en 2008 pueda surgir algún problema en este tipo.
Por ello, pidió precaución a la Administración y a otros agentes del sector a la hora de lanzar mensajes respecto a supuestos excesos en la producción de viviendas y la necesidad de moderarla. En opinión de Seopan, ‘no existe en el horizonte inmediato una actividad que de forma automática sustituya a la de la vivienda en cuanto a creación de empleo se refiere’.
En esta línea, subrayó la conveniencia de atender a los problemas de demanda y recomendó tener ‘más cuidado’ con el suelo para tratar de contener el incremento del precio de la vivienda.
Asimismo, señaló que la política de vivienda de los nuevos Gobiernos autonómicos y locales que surjan de las próximas elecciones debe tender a solucionar los problemas de accesibilidad a la vivienda que tiene una parte de la demanda y fomentar la promoción de pisos accesibles para es parte de la población.
El presidente de Seopan considera favorable el apoyo al alquiler y que se fomente esta forma de vivienda, pero recordó que tanto por motivos culturales como económicos la población prefiere la vivienda en propiedad y que ‘es muy difícil cambiar esa situación’.
Según los datos facilitados por Seopan, en 2006 se visaron los proyectos de 864.000 viviendas, lo que supone un incremento del 18% respecto al ejercicio precedente, si bien este ejercicio vino impulsado por la inminente entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. El número de viviendas terminadas alcanzó las 585.000, un 11,5% más.
El subsector de la edificación residencial fue el que más creció de toda la actividad constructora en 2006, con una progresión del 8% (frente a la media del 6% del sector), si bien ello arroja una leve atenuación respecto al incremento del 9% que alcanzó en 2005.
Esta rama de actividad se mantuvo así como primer motor del mercado, dado que aportó el 36% de la producción, por delante incluso de la obra civil (24%).
Para 2007 Seopan prevé que se mantenga la suave desaceleración de esta actividad al pronosticar un crecimiento de entre el 5 y el 6% (por encima del abanico de entre el 4% y el 5% previsto para todo el sector).
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La Comisión Europea pidió al Gobierno español que facilite el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres para reducir el riesgo de pobreza.
El Ejecutivo comunitario alertó de que, pese al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente al 16% de media en la Unión Europea. El gasto social en España en porcentaje del producto interior bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria (27,3%).
En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario constata que en España ‘el acceso a la primera vivienda propia no es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento’. Añade que ‘los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable y a una vivienda’, y que estas dificultades se reproducen también en el caso de los inmigrantes, ‘especialmente los recién llegados’.
Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, Bruselas reclama al Gobierno ‘promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda pública y de alquiler a largo plazo’.
También se alude al tema de la vivienda en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario para ‘reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio plazo’.
La Comisión aconseja además a España recortar la elevada tasa de abandono escolar, que se situó en 2005 en el 30,8% para jóvenes entre 18 y 24 años, más del doble de la media comunitaria, ya que considera que así se logrará ‘romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza’. La nueva ley de Educación ‘se propone abordar esta cuestión’, admite Bruselas, pero añade que la consecución de los objetivos previstos ‘requerirá esfuerzos continuados y globales’.
El informe sobre protección social dedica un apartado a la sanidad, en el que se recoge que el gasto de España en este capítulo se ha mantenido estable en los últimos años en torno al 7,8% del PIB frente al 8,87% de media comunitaria. Aunque la atención es gratuita, Bruselas señala que el gasto privado, especialmente el que se desembolsa en metálico, es alto (23,3% del gasto total en 2004), lo que ‘puede suponer una carga financiera para los grupos más vulnerables’.
También apunta que la descentralización ‘ha generado diferencias regionales en el contenido de las prestaciones’ que el Gobierno trata ahora de resolver estableciendo una cartera de servicios comunes, y que las listas de espera son una de las principales preocupaciones de los pacientes y se deben a que el número de camas hospitalarias es uno de los más bajos de la UE -358 por 100.000 habitantes- y a que se recurre mucho a la asistencia hospitalaria, dado el bajo número de médicos generales.
La recomendación de Bruselas al Gobierno en este caso es ‘abordar las diferencias regionales en la prestación, reducir las listas de espera y fomentar la prestación de cuidados de larga duración, y mejorar la eficacia, especialmente estimulando el uso y la implantación de la Atención Primaria de Salud y una utilización racional de los servicios, la tecnología y los medicamentos’.
El informe del Ejecutivo comunitario señala que los mayores de 65 años son las personas con mayor riesgo de caer en una situación de pobreza (29%, frente al 19% en la UE). El gasto público en pensiones se incrementará en los próximos años del 8,6% al 15,7% del PIB, muy por encima de la media comunitaria, aunque el riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas es medio gracias al superávit presupuestario, de manera que no se esperan problemas hasta 2020.
Bruselas cree que el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales en 2006 ‘mejorará la futura sostenibilidad y adecuación’, aunque ‘queda por ver si se necesitarán nuevas medidas para alcanzar incrementos suficientes en la tasa de empleo de los trabajadores mayores’.
En este sentido, la Comisión apuesta por ‘facilitar un mayor nivel de participación, especialmente de las mujeres y los trabajadores mayores, en el mercado laboral, lo que contribuiría a asegurar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones’.
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
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La inversión extranjera en bienes inmuebles en España se situó en 4.377 millones de euros hasta noviembre de 2006, lo que supone un descenso del 13,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 5.049 millones de euros, según datos del Banco de España.
Por su parte, el gasto de los españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó, y pasó de 1.102 millones de euros en 2005 a 2.039 millones el pasado año.
En noviembre se mantuvo la tendencia iniciada en 2005 en ambas partidas. Las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero siguen creciendo a un ritmo acelerado en términos interanuales mientras que la inversión extranjera en España sigue cayendo.
Así, las inversiones provenientes del extranjero se situaron en noviembre en 375 millones, lo que supone un descenso del 16,1% respecto a octubre, aunque también una caída del 24% en relación con noviembre de 2005.
Por su parte, las compras de los españoles en el extranjero se elevaron en noviembre a 217 millones de euros, lo que, por otra parte, supone un descenso del 15,2% respecto a octubre y un 106,6% en relación con el mismo mes del ejercicio precedente.
Pese a la desaceleración que se ha producido en el crecimiento del precio de la vivienda en España durante los últimos meses, llegando a situarse en el 9,1% en 2006, la habitual compra de inmuebles en España por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente en las zonas costeras, se está viendo frenada por los altos precios de la vivienda.
Asimismo, el buen momento que vive la economía española está permitiendo una cada vez mayor inversión española en el extranjero en forma de bienes inmuebles, que, de momento, no se está viendo frenada por la tendencia al alza de los tipos de interés.
Más aún, el gasto en la compra de viviendas en el extranjero hasta noviembre de 2006 es más de cinco veces superior al desembolsado en todo el año 2002 (372 millones de euros), mientras que en el capítulo de compras de viviendas en España desde el exterior, la cantidad desembolsada en los once primeros meses de 2006 sólo supone el 72,5% del total invertido en aquel año (6.036 millones de euros).
No obstante, la inversión extranjera en inmuebles en España experimentará una recuperación a lo largo de 2007, según la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), quienes estiman que ésta podría alcanzar los 4.840 millones de euros al cierre de 2006, lo que supone una caída del 12% respecto al año anterior.
Este optimismo de los promotores se basa en una moderación de los descensos de la inversión extranjera en inmuebles a lo largo de la segunda mitad de 2006. Así, según los datos del Banco de España, la caída de las inversiones se ha reducido progresivamente desde el 17,7% en julio al 13,3% en noviembre.
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L a desaceleración que sufre la construcción de viviendas en la provincia desde finales de 2004 ha provocado que el sector se encuentre al borde de entrar en recesión, según revela un informe presentado ayer por el Colegio Oficial de Aparejadores de Alicante en el que se analiza el comportamiento de la edificación en los últimos siete años. El presidente del Colegio, Antonio Morata, apuntó que de momento no hay señales de alarma, pero admitió que si la cifra anual de viviendas iniciadas cae por debajo de las 46.000 anuales la actividad se resentiría. Morata optó por definir la coyuntura actual como descenso suave de la actividad en la que predomina la construcción de pisos más pequeños.
Paradójicamente el pasado 2006 se cerró con la tramitación de visados para 48.133 viviendas, lo que representó un crecimiento del 3% sobre 2005 pero un descenso del 9% sobre 2004, el mejor ejercicio de la década al haberse iniciado 52.737, una cifra histórica. El presidente de los aparejadores advirtió, no obstante, de que en los datos finales de 2006 «hay que tener en cuenta el efecto que tuvo la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación -nuevas exigencias para los proyectos- a partir del 30 de septiembre de 2006, lo que provocó un auténtica avalancha de solicitudes de visados por los promotores durante ese mes». Un total de 7.779 viviendas que «alteraron» la media normal del mes que está en unos cuatro mil pisos, según el informe del Colegio de Aparejadores. Antonio Morata ratificó que las cifras del informe confirman la ralentización en la que ha entrado el sector, aunque apuntó que «quizá sería mejor calificarla de normalización. No obstante hay que reconocer que se ha producido un cambio en la tendencia del sector de la construcción en Alicante».
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante visó entre 2000 y 2006 proyectos para la construcción de 326.480 viviendas en la provincia, una cifra histórica que será difícil que se repita, debido a la atonía en la que ha entrado el sector de la edificación residencial. El «boom» tuvo su cénit en los ejercicios de 2003 y 2004 con casi 106.000 viviendas iniciadas y el sector se mantiene todavía activo pero con signos evidentes de madurez según la impresión de los aparejadores que han constatado, además, que los pisos que se inician en Alicante son cada día más pequeños.
Según el informe del Colegio de Arquitectos, los promotores reducen el tamaño de los pisos (menos habitaciones), lo que les permite mantener el número de viviendas o incluso aumentarlo pero en la misma superficie edificable. Morata explicó, en este sentido, que «es complejo analizar esta tendencia pero la caída demográfica, la reducción en el número de hijos» o los cambios en la forma de los usos domésticos pueden influir en la decisión de los compradores por adquirir viviendas más pequeñas. Sobre el perfil del comprador, el 33% - uno de cada tres - de casa en Alicante es extranjero que elige, sobre todo, las dos Marinas y la Vega Baja. La venta de vivienda residencial también se ha visto afectada aunque ésta por un factor externo como ha sido la subida de los tipos de interés en Gran Bretaña.
Por otro lado, la actividad se concentra fundamentalmente en los municipios de la franja costera, en concreto en Alicante, Benidorm, Elche, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Orihuela y San Vicente, cuyo término municipal no tiene costa pero está muy cercano a la misma.
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Es evidente que el tema de la vivienda es motivo de interés principal en la sociedad española, de la misma forma que es incuestionable que el mercado inmobiliario ha gozado estos últimos años de una muy buena salud. Desde principios de este milenio, los precios de la vivienda se han disparado motivados por factores de sobra conocidos, siendo evidente también que los síntomas apreciados por la mayoría de analistas y que apuntaban a una posible desaceleración en el mercado inmobiliario y en concreto en el sector residencial se han convertido en una realidad.
Después de una larga ola de inversión en ladrillo, debido a factores tales como la baja rentabilidad de la bolsa y de los fondos de inversión, la vivienda ha dejado de ser el principal objeto de deseo por parte de los inversores. El mercado inmobiliario parece haber entrado en el aterrizaje suave anunciado, aunque aparentemente y debido a la robustez adquirida no se vislumbra posibilidad de frenazo brusco.
La gran parte de los índices de referencia señalan una situación de moderación progresiva del sector, pero no de carácter brusco, debido entre otros aspectos positivos a la buena marcha de la situación económica, la creación de empleo, el crecimiento de la población inmigrante, la propensión por adquirir vivienda en propiedad. Si bien es cierto, que existen otros factores que juegan en contra tales como la tendencia alcista de los tipos de interés y la pérdida de poder
adquisitivo.
Uno de los principales factores de este reajuste sería el alto nivel de construcción que ha llevado a un exceso de oferta, que ha quedado latente como producto de inversión o de retención especulativa de bolsas de vivienda y que ahora empieza a aflorar, unido además de la disminución de la demanda. El incremento en el precio de la vivienda es menor, estando la media nacional en cifras por debajo de los 2 dígitos (alrededor del 9%). A partir de este escenario, los ritmos de ventas se han ralentizado.
Todos estos factores definen claramente un cambio de tendencia o de ciclo, con enfriamiento del mercado y con contención de los precios, pero en un escenario de ajuste progresivo y equilibrio entre factores que determinan la oferta y demanda.
Por lo tanto, y aunque sobre la mesa sigue estando abierto el debate en torno a la existencia de una sobrevaloración de la vivienda en España, ya que existe la sensación de que los precios están altos, el escenario es de moderación pero sin correcciones bruscas, con una previsión de ajuste de precios en torno a la evolución del IPC en una plazo de 2 ó 3 años, con absorción gradual del desequilibrio de precios y con reconducción pautada del valor de las viviendas hasta niveles compatibles con la demanda.
Existe un cambio de ciclo y ajuste del mercado, lo que conllevará –siguiendo la dinámica de estos últimos años- un menor incremento en las ciudades y/o zonas (áreas metropolitanas circundantes a estas ciudades) donde el valor de la vivienda de segunda mano está en cifras elevadas tales como Madrid, Barcelona, San Sebastián, etc, ... disponiendo de un mayor margen de ajuste en otras áreas tales como Melilla, Galicia, Aragón, Almería, Murcia, etc, ... donde los precios son inferiores.
Dentro de Madrid capital, las zonas/barrios con mayor valor unitario de la viviendas son las Salamanca, Chamartín, Chamberí y Retiro. Por el contrario las zonas con menor valor unitario de viviendas corresponden a Carabanchel, Usera, Vicálvaro y Villaverde. En coincidencia con la mayoría de los analistas del sector, nuestra opinión es que no existe la tantas veces definida ‘burbuja inmobiliaria’ ni la sobrevaloración de la vivienda, y mucho menos en los porcentajes tan elevados en torno al 30%, según la opinión de algunos organismos que se está trasladando últimamente en los medios de comunicación y diferentes foros.
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El Ministerio de Vivienda invirtió durante el año 2006 cerca de 30 millones de euros en la remodelación de barrios de Madrid y Barcelona, lo que completa una inversión total de 225,5 millones de euros en estas ciudades desde el inicio de la legislatura, informó el Ministerio.
Concretamente, las ayudas destinadas a Madrid ascendieron en el presente año a 13,6 millones de euros, mientras que en el caso de Barcelona esta cuantía ascendió a 16,3 millones.
Por otra parte, de los 225,5 millones aportados por el Ministerio de Vivienda desde el inicio de la legislatura, 144,2 se destinaron a Madrid, mientras que 81,1 millones tuvieron como destino Barcelona.
Vivienda ha justificado estas inversiones dado el progresivo y preocupante deterioro de los barrios a los que se destinaron las ayudas. Además, a través de estas subvenciones se pretende intervenir en su urbanización.
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La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) contradice los datos aportados por la Ministra de Vivienda, sobre el encarecimiento que sufrirán los pisos protegidos por la reciente entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE).
A juicio de los profesionales, el repunte será del 9,4% frente al 1% defendido por el Gobierno. Los promotores, además, reconocieron que la ley del suelo que maneja el Ejecutivo complicará la financiación en la adquisición de terrenos.
Durante la celebración de la vigesimoquinta edición del Coloquio Nacional de la APCE, su presidente, Guillermo Chicote, explicó que para una VPO tipo (unos 90 metros cuadrados útiles) el sobrecoste derivado de las nuevas exigencias del CTE (placas solares, salubridad, accesibilidad, etcétera) ascenderá a 94,38 euros por metro cuadrado.
Según la Asociación de Promotores:
La Ley de Suelo, si se aprobara con su texto actual, no sería la solución al problema del precio del suelo y de la vivienda, sino que, por el contrario, no haría más que encarecer aun más el suelo y, por otra parte, sembrar la incertidumbre entre los empresarios, con la inevitable consecuencia de una menor actividad que, a su vez, se traduciría en pérdida de empleo, con los enormes problemas sociales que ello representa. Algunas de las medidas contenidas en el decálogo propuesto por el Gobierno bajo el lema “Por una nueva política urbanística y del territorio” –de las que sólo 3 tienen relación con la corrupción- nos inducen a pensar que no hay un rumbo claro a seguir. En concreto, la propuesta bajo el rótulo “Crecimiento ordenado” (*) nos desconcierta, por las implicaciones que podría tener, que no se compadece con otras líneas de acción propuestas.
Nosotros entendemos que, ciertamente, la primera decisión a tomar es si la mera existencia de una demanda obliga a atenderla o si, por el contrario, cabe decidir que un determinado Municipio no va a crecer más, aunque haya demanda. Pero, claro, en este último caso hay que prever que el freno al crecimiento provocará aumento de los precios, y eso se compadece mal con la vivienda social. En sentido contrario, sólo creando nuevos suelos, dotados previamente de infraestructuras y dotaciones adecuadas, se puede contener el aumento de los precios en los lugares en los que la demanda es fuerte, ya que esos nuevos suelos serán una alternativa a los existentes.
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