Los expertos calculan que el 20% del suelo perderá valor con la nueva Ley
Cuentan que las grandes ocho inmobiliarias españolas están algo asustadas con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo. Se dice que entre ellas cuentan con una reserva conjunta de 41,1 millones de metros cuadrados de suelo y que entre el 20% y el 25% se verá afectado por la nueva norma. También se dice que muchas de las empresas que se dedican a la gestión de suelo no finalista, se encuentran temerosas ante la nueva situación.
La próxima Ley del Suelo, que entrará en vigor a partir del próximo mes de julio, establece dos categorías de suelo: rural y urbano. Con está nueva clasificación se ‘pretende’ eliminar todos los derechos por expectativas de revalorización que tenían los propietarios de una finca o solar rústico. En el mes de julio estos derechos de expectativas desaparecerán y se medirá únicamente por la capitalización de las rentas agrarias. “El cambio de criterio afectará al coste financiero de los créditos solicitados para pagar los terrenos”. “Sin derechos de expectativas, el valor va a caer mucho y las tasadoras van a tener en cuenta el nuevo criterio” con lo cual sólo supondrá un ‘pequeño’ ajuste del valor patrimonial de algunas empresas.
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La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, destacó 'el consenso de todos los partidos' con que se está elaborando la nueva Ley del Suelo, que fue aprobada en comisión por el Congreso y que se verá en pleno, con casi toda seguridad, el 1 de marzo.
María Antonia Trujillo, que visitó las obras de un polígono industrial que construye su departamento en la citada localidad ciudadrealeña, explicó que la reserva de suelo público para vivienda protegida se ha incrementado en un 5 por ciento en este proyecto de ley, al pasarse del 25 al 30 por ciento, y se han aprobado 'importantes medidas de transparencia' para evitar la corrupción urbanística.
Entre ellas, destacó que la futura norma prevé que todos los trámites de desarrollo urbanístico que lleven a cabo las administraciones deben estar disponibles en Internet, y la documentación completa del proyecto, a disposición del ciudadano en los ayuntamientos.
Resaltó además que el proyecto de ley contempla que, cuando se hagan recalificaciones urbanísticas, se deberá hacer público el nombre de todos los propietarios que ha tenido el terreno recalificado en los últimos cinco años y se establecerá un registro de bienes de los concejales y altos cargos municipales, hayan resultado o no elegidos.
María Antonia Trujillo subrayó que todas estas iniciativas no sólo han sido apoyadas por los grupos parlamentarios que apoyan habitualmente al Gobierno, sino también por el Partido Popular, circunstancia que valoró especialmente, ya que la última Ley del Suelo aprobada en España no había tenido este respaldo mayoritario.
Por otro lado, la ministra dijo que, durante 2006, se iniciaron en España 91.800 viviendas protegidas, un dato que consideró muy bueno, ya que es el más alto que se registra desde 1985, y añadió que la subida del precio de la vivienda se encuentra ya en el 9,5 por ciento, 'la mitad que cuando llegamos al Gobierno, y esperamos que siga bajando para que se normalice el mercado inmobiliario'.
María Antonia Trujillo precisó que, en Castilla-La Mancha, su departamento tiene previsto hacer 25.000 viviendas durante la presente legislatura, si bien hasta la fecha ya están aprobadas o en ejecución alrededor de 21.000, lo que hará que los plazos se acorten.
Por último, la ministra expresó su satisfacción por el hecho de que el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz, haya valorado, durante una reunión con todos los responsables universitarios, como 'una excelente idea' el plan para construir 10.000 viviendas de alquiler en los campus universitarios
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La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la Ley del Suelo, cuyo proyecto fue aprobado hoy por la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, permitirá a tribunales, Gobierno y ciudadanos parar las irregularidades que se vienen cometiendo en materia de urbanismo en España.
‘En España, hay ya muchas plataformas ciudadanas contra los abusos urbanísticos y yo espero que los ciudadanos sean coherentes a la hora de votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas respecto del comportamiento de quienes son responsables, entre otras cosas, del urbanismo y de la ordenación del territorio’, añadió.
Durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Baja, la titular de Medio Ambiente recordó que la modificación del artículo 25 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) estableció como obligatorio los informes de las Confederaciones Hidrográficas para establecer si existen o no recursos hídricos suficientes para determinar un suelo como urbanizable.
‘Con la Ley del Suelo estos informes preceptivos se convierten en determinantes, es decir, que las administraciones territoriales tendrán que tenerlo en cuenta, obligatoriamente, y si no, tendrán que justificarlo de manera muy razonada’, explicó en respuesta a la pregunta de la diputada socialista Juana Serna sobre la actividad que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Júcar en relación a los planes urbanísticos.
Finalmente, Narbona recordó que el ministerio de Medio Ambiente ha impulsado la creación el año pasado de la Fiscalía Especial para Medio Ambiente y Urbanismo, ‘que ya está funcionando’, y que el Parlamento ha aprobado la Ley que regula los derechos de los ciudadanos a la información, participación y justicia en materia ambiental.
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La titular de Vivienda destacó durante su intervención en El Foro Europa de Nueva Economía que la nueva Ley busca lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativa.
También puso de relieve que la norma permitirá crear ciudades más cohesionadas y sostenibles frente al desarrollo depredador y extensivo que propició la normativa del PP en la materia.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha analizado durante su intervención en el Foro Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, la nueva Ley de Suelo que, en su opinión, introducirá los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo, lo que aportara mayor transparencia. Además, la nueva norma persigue lograr un desarrollo urbano sostenible, haciendo ciudades cohesionadas, frente al desarrollo depredador y extensivo que se estableció con la normativa del PP en la materia.
Transparecia
Para lograr una mayor transparencia, la ministra subrayó que la nueva Ley de Suelo someterá a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y exigirá la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta antes de que se tomen las decisiones urbanísticas.
Sostenibilidad
En su opinión, la nueva norma tiene como objetivo lograr un desarrollo territorial y urbano sostenible que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social. Asegurará un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa y garantizará la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25% de los desarrollos urbanísticos.
Valoración
Una de las mejoras de la gestión pública del suelo de la ley viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún, explicó la responsable de Vivienda.
El proyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no pueda participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.
El Proyecto de Ley de Suelo propone un giro importante de reorientación de la ordenación territorial y urbanística y la gestión del suelo, que lo diferencia claramente de leyes y reformas anteriores. "Se plantea desde la perspectiva del ciudadano y en clara sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible".
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